Mientras la actual crisis sanitaria y económica global sigue su curso, la crisis climática no deja de agravarse. Las organizaciones advierten de que el impacto de la COVID-19 obliga a repensar y construir un mundo nuevo donde el cuidado de las personas y del planeta esté en el centro.

“La respuesta insuficiente del Gobierno de España ante la emergencia climática pone en riesgo al país y expone a las personas y al medio ambiente a sufrir cada vez más las catastróficas consecuencias que trae consigo el cambio climático”, señalan las organizaciones en el texto.

Los impactos del cambio climático ya se están evidenciando en todo el mundo. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha vinculado la pandemia de la COVID–19 con la crisis climática y el Panel Intergubernamental de la ONU sobre biodiversidad (IPBES) ha advertido de que prevenir es mejor –y más barato– que curar: al abordar la pérdida de biodiversidad y el cambio climático es posible reducir el riesgo de una futura pandemia a solo el 2% del coste económico de la COVID–19.

Aunque el planeta lleva años asistiendo al deshielo del Ártico, la subida del nivel del mar, el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos (como el supertifón Goni en Filipinas, el más devastador en lo que va de año) o la extinción masiva de especies animales y vegetales, estos impactos se están acelerando y son solo un primer aviso de consecuencias potencialmente más catastróficas. En España, además, las sequías, las inundaciones y los incendios son cada vez más devastadores. Y, como siempre, las personas más vulnerables son las más expuestas, las que más sufren sus consecuencias, aunque son las menos responsables de los efectos del cambio climático.

Las organizaciones denuncian que ninguno de los Gobiernos de España ha mostrado la ambición o el interés suficiente para cumplir con su deber ante la mayor amenaza a la que se enfrenta el planeta. Por esta falta de acción ante el cambio climático y por no contar con un plan de respuesta adecuado ante este grave problema, tal y como obliga la Unión Europea, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón han tomado la decisión de llevar al Gobierno ante los tribunales.

“Tener una política climática que nos permita disfrutar de un futuro sostenible es una obligación legal. La presión popular y la justicia serán la palanca que mueva a la clase política. Por eso, es necesario que muchas personas se sumen a esta demanda”, concluyen en el texto las tres organizaciones, que incorporarán todo el apoyo ciudadano recibido en la documentación que entreguen al Tribunal Supremo como una muestra más de la preocupación social existente por la inactividad ante el cambio climático.

El proceso judicial y la presión internacional

El pasado 30 de septiembre, la Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto 15 días antes por Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón contra el Gobierno de España por inactividad climática.

Este proceso judicial se suma así a la lista de litigios climáticos presentados en todo el mundo en los últimos años. Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Alemania, Francia, Bélgica, India o Nueva Zelanda son sólo algunos de los países cuyos gobiernos enfrentan demandas por esta causa. El caso más notorio es el de Holanda, donde la Fundación Urgenda ha logrado este año una histórica sentencia del Tribunal Supremo, que condena al Gobierno por incumplir los compromisos previamente adquiridos en relación con la mitigación climática, violando con ello los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras.

“Desde el anuncio de la interposición del recurso, numerosas organizaciones internacionales, tanto ambientalistas como jurídicas, se han puesto en contacto con nosotros para manifestar su interés en el caso y brindarnos su apoyo”, ha señalado Lorena Ruiz-Huerta, abogada demandante de las tres organizaciones. “La preocupación por el cambio climático en nuestro país, uno de los más vulnerables a este fenómeno de toda Europa, trasciende nuestras fronteras, por lo que la noticia de la puesta en marcha de este litigio para pedir al Gobierno una mayor ambición en la lucha contra el cambio climático, ha sido recibida con ilusión y esperanza en foros internacionales de toda índole”.