El actual es un momento histórico en el que por primera vez la protección del medio ambiente está en el centro del debate sobre la recuperación de la economía. La crisis sanitaria ha puesto en evidencia la necesidad de abordar la crisis ambiental, tal y como demandan desde hace décadas las organizaciones ecologistas y señala la ciencia. Sin embargo, pese a las promesas de una reconstrucción económica verde, el dictamen de la Comisión no tiene en cuenta criterios fundamentales para que se materialice el cambio de modelo económico necesario para luchar contra el cambio climático, frenar la pérdida de biodiversidad y prevenir futuras pandemias.
Para estas organizaciones, las propuestas ambientales recogidas en el dictamen son demasiado genéricas, faltas de ambición y sin plazos para su ejecución, lo que resulta insuficiente para abordar el enorme reto que supone la transición ecológica.
Mientras los partidos debaten en el Congreso, muchas de las medidas adoptadas por las comunidades autónomas hasta ahora, lejos de beneficiar al interés público, favorecen intereses privados, perjudicando el medio ambiente y la salud pública. En este sentido las organizaciones ambientales muestran su preocupación por la desregulación ambiental promovida o propuesta por algunas Comunidades Autónomas, como Andalucía, Baleares, Galicia o la Comunidad de Madrid. También desaprueban los rescates y planes de estímulo económicos desarrollados por el gobierno central, que ascienden a 150.000 millones de euros, beneficiando a empresas del sector del automóvil, del turismo o de la aviación, sin incluir ningún condicionante ambiental.
Las organizaciones ambientales reclaman a la Comisión medidas concretas para una reconstrucción verde que incluyan claramente:
-Condicionantes ambientales y sociales para los fondos de estímulo y rescate: El dinero público destinado a las empresas para superar la crisis económica derivada de la Covid-19 debe supeditarse al cumplimiento de la condicionalidad ambiental y social, de forma que las empresas rescatadas o impulsadas tengan el compromiso de cumplir los objetivos del Acuerdo de París y de frenar y revertir la pérdida de biodiversidad, así como garantizar la justicia social.
-Reforma de la fiscalidad: Para asegurar la continuidad de las inversiones públicas en la reconversión ecológica de la economía es necesario y urgente una reforma del sistema fiscal. Las conclusiones de la Comisión no rechazan promover un sistema fiscal justo y verde, ni la progresividad de las medidas fiscales, pero no comprometen medidas concretas.
-Criterios de inversión sostenible: se deben definir criterios claros para precisar qué tipo de inversiones no son sostenibles y exigir a las empresas e instituciones financieras estrategias y planes de obligado cumplimiento para detener la pérdida de biodiversidad y para la descarbonización.
-Acciones para limitar futuras crisis sanitarias: está demostrado que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el tráfico ilegal de especies protegidas son causas y agravantes de la propagación de enfermedades infecciosas que sólo pueden combatirse y limitarse si se actúa globalmente. Por lo que el dictamen de la Comisión debe incluir medidas contra estos desafíos ambientales.
Las organizaciones ecologistas también critican la incoherencia de que sean los mismos partidos políticos que forman la Comisión de Reconstrucción aquellos que gobiernan en muchas de las comunidades autónomas que están en pleno proceso de desregulación ambiental con la excusa de la reactivación económica.
Dada la urgencia de avanzar en la transición ecológica, junto a la oportunidad histórica que supone el actual marco europeo, las organizaciones ecologistas solicitan al Gobierno que elabore una hoja de ruta para una reconstrucción verde ambiciosa y con un calendario claro que concrete las medidas económicas, legales y estructurales que faltan en el dictamen de la Comisión de Reconstrucción.
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